La iniciativa Reconversión, presentada por Vidal Quadras, Santiago Abascal y Ortega Lara, entre otros, esta semana, suma más de 2.000 simpatizantes al día.
Un envío de Paco desde Madrid.
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Por un renovado pacto constitucional para la reconversión del Estado
Carta abierta al Presidente del Gobierno
Madrid, 25 de junio de 2012,
Señor Presidente:
La extrema gravedad de la situación económica, moral, social e institucional de España en el momento presente nos mueve a dirigirnos públicamente a Vd., como Presidente del Gobierno. Al hacerlo, partimos del reconocimiento de su voluntad de emprender sucesivas reformas para enfrentarse a los muy diversos problemas de nuestro país. Pese a ello, nos es obligado constatar la imperiosa y urgente necesidad de que el Gobierno plantee a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y muy especialmente al principal partido de la oposición, un programa integral, coherente y sistemático de reformas, cuyo debate y negociación ofrezca como resultado un gran acuerdo nacional para lograr la “reconversión del Estado”, puesto que en la presente crisis se han hecho enteramente patentes los defectos y carencias de nuestra actual organización política, social y económica, que no derivan sólo de una gestión ineficiente, sino de clamorosos fallos de estructura.
Esta “reconversión” no trataría sin más de corregir y perfeccionar el actual sistema, sino de redefinirlo y reorientarlo a la vista del resultado de su desarrollo, una vez transcurridas tres décadas y media desde su puesta en marcha, y ante las nuevas circunstancias surgidas a lo largo de ese período, en particular, nuestra pertenencia a la Unión Europea y a la Unión Monetaria Europea, con los consiguientes acuerdos y tratados sobre la estabilidad fiscal y presupuestaria plasmados en el recientemente reformado artículo 135 de nuestra Constitución.
Creemos que para ser útil a los intereses nacionales este nuevo pacto de Estado debería restaurar el espíritu del “consenso constitucional” imperante durante la Transición, abordando de modo completo las cuestiones básicas pendientes de solución. Por tanto, ese gran acuerdo ha de referirse a las reformas de la estructura económica de nuestro país y del sistema educativo en todos sus niveles para restablecer la competitividad de la sociedad española en el contexto global, al funcionamiento y composición de los órganos constitucionales (Senado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional), a la organización, competencias y financiación de los poderes públicos en sus tres niveles territoriales (Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales), a la extensión y financiación de los servicios públicos, a los instrumentos de participación y representación política de los ciudadanos (partidos políticos, sistema electoral y control parlamentario) y a la posición de España en las instituciones comunitarias en relación al debate sobre el futuro de la unión política, fiscal y financiera, superando así en definitiva lo que ya se reconoce por una amplia mayoría de ciudadanos como el agotamiento de nuestro modelo constitucional.
Es evidente que sin lograr un acuerdo de esa profundidad y amplitud los avances que suponen las reformas en curso serán limitados y, desde luego, no resolverán los muy graves problemas que tiene hoy España, problemas que se agudizarán en el inmediato futuro por la ofensiva “soberanista” que ya se plantea en el País Vasco y en Cataluña y que pondrá a prueba la supervivencia del Estado constitucional.
Sin embargo, el mero planteamiento de un pacto político de esta naturaleza, por necesario que sea, no basta para conseguir sus objetivos. Es desgraciadamente posible que, a la vista de las divergencias entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y sobre todo de las posiciones que separan hoy a los dos grandes partidos, no se llegue a ningún acuerdo. De ser así, ni el Gobierno ni el Partido Popular debieran quedarse cruzados de brazos. Además de continuar las reformas necesarias en el ámbito de las competencias del Gobierno de la Nación, existe otra vía para superar esa parálisis: la apelación directa al pueblo español durante esta legislatura mediante la celebración de un referéndum consultivo.
Esta consulta debería versar sobre una trascendental decisión: la reordenación y la racionalización de nuestro sistema político y autonómico y de nuestra estructura institucional para fortalecer la unidad nacional y conseguir la eficiencia y la viabilidad del Estado. Sr. Presidente, estamos seguros de que su patriotismo y su alto sentido de la responsabilidad le harán considerar las ideas que le hemos expuesto. Confiamos, por tanto, en que ello le anime a adoptar las iniciativas políticas correspondientes para garantizar la unidad, estabilidad y prosperidad de España en esta hora difícil de su Historia.
Reciba, Sr. Presidente, el testimonio de nuestro aprecio y nuestros mejores deseos de éxito en su comprometida misión.
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Por un renovado pacto constitucional para la reconversión del Estado
Carta abierta al Presidente del Gobierno
Madrid, 25 de junio de 2012,
Señor Presidente:
La extrema gravedad de la situación económica, moral, social e institucional de España en el momento presente nos mueve a dirigirnos públicamente a Vd., como Presidente del Gobierno. Al hacerlo, partimos del reconocimiento de su voluntad de emprender sucesivas reformas para enfrentarse a los muy diversos problemas de nuestro país. Pese a ello, nos es obligado constatar la imperiosa y urgente necesidad de que el Gobierno plantee a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y muy especialmente al principal partido de la oposición, un programa integral, coherente y sistemático de reformas, cuyo debate y negociación ofrezca como resultado un gran acuerdo nacional para lograr la “reconversión del Estado”, puesto que en la presente crisis se han hecho enteramente patentes los defectos y carencias de nuestra actual organización política, social y económica, que no derivan sólo de una gestión ineficiente, sino de clamorosos fallos de estructura.
Esta “reconversión” no trataría sin más de corregir y perfeccionar el actual sistema, sino de redefinirlo y reorientarlo a la vista del resultado de su desarrollo, una vez transcurridas tres décadas y media desde su puesta en marcha, y ante las nuevas circunstancias surgidas a lo largo de ese período, en particular, nuestra pertenencia a la Unión Europea y a la Unión Monetaria Europea, con los consiguientes acuerdos y tratados sobre la estabilidad fiscal y presupuestaria plasmados en el recientemente reformado artículo 135 de nuestra Constitución.
Creemos que para ser útil a los intereses nacionales este nuevo pacto de Estado debería restaurar el espíritu del “consenso constitucional” imperante durante la Transición, abordando de modo completo las cuestiones básicas pendientes de solución. Por tanto, ese gran acuerdo ha de referirse a las reformas de la estructura económica de nuestro país y del sistema educativo en todos sus niveles para restablecer la competitividad de la sociedad española en el contexto global, al funcionamiento y composición de los órganos constitucionales (Senado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional), a la organización, competencias y financiación de los poderes públicos en sus tres niveles territoriales (Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales), a la extensión y financiación de los servicios públicos, a los instrumentos de participación y representación política de los ciudadanos (partidos políticos, sistema electoral y control parlamentario) y a la posición de España en las instituciones comunitarias en relación al debate sobre el futuro de la unión política, fiscal y financiera, superando así en definitiva lo que ya se reconoce por una amplia mayoría de ciudadanos como el agotamiento de nuestro modelo constitucional.
Es evidente que sin lograr un acuerdo de esa profundidad y amplitud los avances que suponen las reformas en curso serán limitados y, desde luego, no resolverán los muy graves problemas que tiene hoy España, problemas que se agudizarán en el inmediato futuro por la ofensiva “soberanista” que ya se plantea en el País Vasco y en Cataluña y que pondrá a prueba la supervivencia del Estado constitucional.
Sin embargo, el mero planteamiento de un pacto político de esta naturaleza, por necesario que sea, no basta para conseguir sus objetivos. Es desgraciadamente posible que, a la vista de las divergencias entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y sobre todo de las posiciones que separan hoy a los dos grandes partidos, no se llegue a ningún acuerdo. De ser así, ni el Gobierno ni el Partido Popular debieran quedarse cruzados de brazos. Además de continuar las reformas necesarias en el ámbito de las competencias del Gobierno de la Nación, existe otra vía para superar esa parálisis: la apelación directa al pueblo español durante esta legislatura mediante la celebración de un referéndum consultivo.
Esta consulta debería versar sobre una trascendental decisión: la reordenación y la racionalización de nuestro sistema político y autonómico y de nuestra estructura institucional para fortalecer la unidad nacional y conseguir la eficiencia y la viabilidad del Estado. Sr. Presidente, estamos seguros de que su patriotismo y su alto sentido de la responsabilidad le harán considerar las ideas que le hemos expuesto. Confiamos, por tanto, en que ello le anime a adoptar las iniciativas políticas correspondientes para garantizar la unidad, estabilidad y prosperidad de España en esta hora difícil de su Historia.
Reciba, Sr. Presidente, el testimonio de nuestro aprecio y nuestros mejores deseos de éxito en su comprometida misión.
